"En el día de ayer Colombia denunció el Pacto de Bogotá. El aviso correspondiente fue entregado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA", José Miguel Insulza, explicó el mandatario durante un foro cafetero.
Según detalló, esta decisión obedece al principio fundamental de que "las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados (bilaterales), como ha sido la tradición jurídica en Colombia, y no por sentencias proferidas por la Comisión Internacional de Justicia".
El fallo de la CIJ, hecho público el pasado 19 de noviembre en La Haya, dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya había concedido a este país en 2007.
Y a Nicaragua le devolvió más de 70,000 kilómetros cuadrados de mar, ricos en pesca y otros recursos naturales, que convierten en enclaves dos de los cayos otorgados a Colombia, con lo que este país pierde además frontera marítima con otras naciones, como Costa Rica.
"Fue un fallo contrario a la equidad y lleva a un detrimento de los colombianos", sostuvo el presidente colombiano, que ha defendido el derecho de los habitantes del archipiélago de San Andrés, rodeado por esas aguas, a seguir faenando en tan importante banco de pesca.
Santos agregó que la salida del Pacto de Bogotá, que si bien fue suscrito en 1948 no entró en vigor hasta el año después, ha sido una decisión que ya han tomado países como Noruega, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, dará en las próximas horas una rueda de prensa "para explicar los motivos y el alcance" de esta determinación, según avanzó el presidente.
Tanto Santos como Holguín habían anticipado la salida del Pacto de Bogotá desde la semana pasada, como una medida en rechazo a un fallo en el que el mandatario detectó "omisiones, errores, excesos e inconsistencias".
El Gobierno colombiano conformó el lunes un grupo de expertos en Derecho Internacional para ser asesorado sobre las respuestas al pacto, y que ahora respaldará el trámite de salida, que tomará al menos un año, y que abre la puerta a posibles denuncias.
Fuente: El Nuevo Diario
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